Estrategia nacional anticorrupción

Descripción de la práctica

La ENA se elaboró tras un complejo proceso de consulta pública, en el que participaron aproximadamente 90 entidades de la sociedad civil, instituciones públicas, empresas privadas y gremios empresariales. El Ministerio de Justicia  llevó a cabo el proceso que duró aproximadamente 6 meses. La estrategia se aprobó a través de un instrumento normativo y se publicó en el Boletín Oficial de Rumania.

La ENA cuenta con 45 páginas en total que siguen esta estructura:

1. Introducción
2. Valores y principios
3. Marco necesario para la implementación de ENA
4. Alcance, grupo objetivo y enfoque sugerido
5. Impacto previsto
6. Objetivos y principales acciones generales y específicos
7. Consecuencias jurídicas
8. Implicaciones relacionadas con el presupuesto
9. Coordinación de la implementación y el seguimiento de la estrategia

La estrategia se complementa con 4 anexos:

• Conjuntos de indicadores de desempeño para objetivos, riesgos asociados con los objetivos y fuentes para verificar la implementación de los objetivos
• Lista de medidas preventivas, actos legislativos correspondientes e indicadores de evaluación
• Lista de información que deben publicar las autoridades/instituciones públicas en aras de la transparencia
• Lista de información que deben publicar las empresas estatales en aras de la transparencia

Para identificar las áreas centrales de acción para el período 2016-2020, los desarrolladores de la estrategia analizaron la situación actual del país, utilizando principalmente:

• Informes de mecanismo de cooperación y verificación (MCV)
• Informes GRECO
• Informes de la OCDE
• Informe de naciones en tránsito
• Informe anticorrupción de la UE
• Visitas de evaluación del formulario de percepción durante la ENA anterior 2012-2015 (se evaluaron 17 instituciones centrales, así como 66 entidades de la administración pública local)
• Buenas prácticas identificadas con respecto a la implementación de la ENA anterior
• Resultados de la evaluación independiente de la implementación de la ENA anterior
• Otras políticas nacionales y sectoriales existentes, por ejemplo, la Política de Defensa Nacional de 2015-2019 que identifica la corrupción como un riesgo mayor, la Estrategia para el fortalecimiento de la administración pública, la Estrategia para el desarrollo de la justicia como servicio público, la Estrategia Nacional para la contratación pública, la Estrategia nacional de competitividad y la Estrategia nacional para una agenda digital para Rumania 2020.

Además, se evaluó el desempeño de Rumania en varios índices y encuestas y se comparó con la media de la UE, principalmente:

• Índice de percepción de la corrupción
• Barómetro global de la corrupción
• Índice de libertad económica
• Eurobarómetro
• Índice de integridad pública
• Índice de riesgo de corrupción

Para complementar los instrumentos de investigación científica, el Ministerio de Justicia y las Facultades de Derecho de las Universidades de Bucarest y Amsterdam, con el apoyo de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y la Oficina Fiscal adscrita al Tribunal Superior de Casación y Justicia, realizaron un estudio sobre la corrupción. El objetivo del estudio era comprender mejor las causas de la corrupción, así como las consecuencias personales y profesionales de las condenas por delitos de corrupción. Por lo tanto, el estudio se dirigió a personas que tenían experiencia inmediata con el sistema legal rumano en el campo de la lucha contra la corrupción y con personas condenadas por delitos de corrupción.

Sobre la base de la información y la investigación recopiladas, la estrategia formula impactos previstos claros y mensurables, por ejemplo:

• Alcanzar la media de la UE en términos de percepción de corrupción
• Reducción significativa, al menos en un 50 %, de los casos de fraude y corrupción de los procedimientos de contratación pública y de incidentes de integridad en los sectores vulnerables identificados
• Implementación de las medidas preventivas anticorrupción en más del 80 % de las instituciones públicas y empresas públicas
• Adherirse a la Convención Antisoborno de la OCDE
• Promoción regional e internacional de la experiencia anticorrupción de Rumania

La estrategia describe claramente el marco necesario para su implementación, a saber:

• Estabilidad legislativa e institucional
• Independencia o, en su caso, autonomía operativa de las autoridades responsables de la prevención y la lucha contra la corrupción
• Cumplimiento de la agenda de integridad en el nivel ejecutivo superior
• Transparencia con respecto a la implementación de la ENA
• Estudios de impacto para decisiones de política pública que puedan afectar al sector empresarial y entablar un diálogo abierto con empresas locales y extranjeras
• Asignación de los recursos apropiados

El núcleo de la estrategia es la definición de 6 objetivos generales con entre 1 y 8 objetivos específicos cada uno. Los objetivos se basan en el análisis de la situación actual del país.

El factor distintivo es que para cada objetivo específico, la ENA también enumera acciones principales concretas y atribuye una institución responsable, define un plazo y da un presupuesto estimado. En caso de que haya objetivos y acciones concretos que derivan de ciertos informes específicos, por ejemplo, un informe GRECO, esto también se detalla por motivos de transparencia.

Un ejemplo de tal desglose es:

Objetivo general 3: fortalecimiento de la integridad, reducción de vulnerabilidades y riesgos de corrupción en sectores y campos de actividad prioritarios.

Objetivo específico 3.4: aumento de la integridad, reducción de las vulnerabilidades y los riesgos de corrupción en el poder judicial

Principales acciones:

1. Aprobar e implementar un plan de acción plurianual para promover la integridad en el poder judicial;
2. Complementar el Código de ética para jueces y fiscales de tal manera que ofrezca una orientación adecuada específicamente con respecto a los conflictos de intereses (es decir, ejemplos, tipos), incompatibilidades y actividades accesorias, áreas relacionadas y de imparcialidad (incluida, en particular, la aceptación de obsequios y otras ventajas, la conducta en la vida privada); (recomendación GRECO, cuarta ronda de evaluación - párrafo 97) y para garantizar la separación de las cuestiones éticas y disciplinarias;
3. Abordar los riesgos para la integridad de jueces y fiscales, en particular haciendo:
    (i) que el Consejo Supremo de la Magistratura y la Inspección Judicial desempeñen un papel más activo en términos de análisis, información y asesoramiento y
    (ii) reforzando el papel y la eficacia de quienes desempeñan funciones de gestión en la jefatura de los tribunales y del ministerio público, sin afectar la independencia de jueces y fiscales (recomendación del GRECO, cuarta ronda de evaluación - párrafo114);
4. Incrementar los esfuerzos de capacitación y sensibilización sobre la integridad y los componentes preventivos de las políticas anticorrupción, incluso para jueces y fiscales en ejercicio (recomendación GRECO, cuarta ronda de evaluación - párrafo 119).

En el anexo se detalla un conjunto de indicadores de desempeño para cada objetivo, destacando los riesgos asociados y nombrando las fuentes de verificación para monitorear la implementación. Para el objetivo y las principales acciones mencionadas anteriormente, los indicadores de desempeño para la implementación del punto 4 son, por ejemplo: número de sesiones de capacitación, número de participantes y número de asesores éticos designados. Los riesgos asociados incluyen la no asignación de los recursos necesarios y el bajo nivel de participación. Las fuentes que pueden utilizarse para verificar la implementación de las principales acciones son los informes anuales del CSM y INM.

Para complementar los objetivos y las medidas, el anexo también contiene una lista de 12 medidas preventivas que todas las organizaciones deben implementar, incluido por ejemplo: elaborar un código de ética, implementar declaraciones de donaciones, gestionar conflictos de intereses, nombrar asesores éticos, asegurar incompatibilidades de funciones, introducir protección para los denunciantes y hacer cumplir las prohibiciones posteriores al empleo.

En aras de la transparencia, dos anexos más detallan la información que deben publicar las autoridades/instituciones públicas o las empresas estatales. Esto incluye a autoridades/instituciones, por ejemplo, informes anuales, presupuesto, organigramas, lista completa de personas en capacidad de gestión y detalles sobre solicitudes de información de interés público. Para las empresas estatales, la lista incluye, por ejemplo, nombres, currículums, afiliación política y remuneración de cada miembro del consejo de administración, divulgación de gastos relacionados con el personal y deudas del presupuesto estatal, informes de auditoría externa e informes anuales.

Para alcanzar los diferentes objetivos, la ENA también enumera los principales instrumentos normativos, incluidas leyes, ordenanzas y códigos deontológicos que deben modificarse o nuevos actos que deben aprobarse.

La estrategia estima que cada institución pública con al menos 50 empleados necesita asignar, en promedio, un presupuesto de alrededor de 900.000 RON por año (alrededor de 200.000 EUR) para la implementación de las medidas de ENA. El financiamiento estará asegurado con los presupuestos de las instituciones involucradas en la implementación de la ENA, con la posibilidad de recurrir a fuentes externas, como el Programa Operativo de Capacidad Administrativa (POCA) 2014-2020. De los 478 proyectos financiados por el POCA desde que se lanzó el programa en 2014, 82 (aproximadamente el 17 %) abordan la integridad, la ética, la prevención de la corrupción y la transparencia, lo que equivale aproximadamente a
 70,9 millones de euros.

La implementación de la ENA se realiza bajo la autoridad y la coordinación del ministro de justicia que debe informar al Gobierno. La implementación cuenta con el apoyo de plataformas de cooperación que se reúnen al menos dos veces al año y reúnen a representantes de la administración pública central o local, así como a miembros de la comunidad empresarial y la sociedad civil.

El Departamento de Prevención del Delito dentro del MdJ alberga la Secretaría Técnica de la ENA, es responsable del monitoreo de la ENA y sus actividades incluyen:

• Informes de seguimiento anuales incluido avances, déficits y recomendaciones;
• Misiones de evaluación in situ: en 2019 se evaluaron 48 instituciones a nivel central y 90 entidades de la administración pública local;
• Capacitación, asesoría a instituciones públicas en temas de integridad y difusión de mejores prácticas;
• Organización de eventos anticorrupción, incluida la Conferencia Anual Anticorrupción;
• Convocatoria periódica de las plataformas de cooperación que son, de hecho, las estructuras decisorias de la ENA;
• Soporte metodológico (evaluación de riesgo de corrupción, evaluación ex-post de incidentes de integridad, auditoría interna del sistema de prevención de corrupción a nivel de todas las autoridades públicas);
• Creación de un índice de integridad institucional;
• Realización de encuestas e investigaciones.

También se contratarán evaluadores externos para realizar una evaluación ex-post del impacto de la ENA, los recursos utilizados y el impacto, la eficiencia y la sostenibilidad de las intervenciones.

En primer lugar, una implementación exitosa requiere una secretaría dedicada. La Secretaría Técnica de la ENA cuenta con 15 empleados a tiempo completo y cuenta con los recursos adecuados para manejar el seguimiento de la estrategia.

Otros factores clave de éxito son:

• un enfoque integral que garantice que todas las partes interesadas tengan voz en la vida de la estrategia, incluida la sociedad civil y el entorno empresarial;
• un enfoque práctico, traducido en misiones en el terreno y contacto continuo con expertos anticorrupción en instituciones públicas;
• aprovechar las mejores prácticas resultantes de la ENA anterior (misiones de evaluación temática, plataformas de cooperación);
• carácter holístico, dirigido a instituciones de todos los poderes del estado: ejecutivo, judicial y legislativo;
• sólida metodología de seguimiento;
• asignación de recursos;
• impulsar gradualmente la apropiación de la agenda de integridad de las propias instituciones;
• fuerte apoyo metodológico.