Construcción de una instalación portuaria

Descripción

El proyecto consistía en una ampliación a gran escala de las instalaciones del puerto marítimo de un municipio costero. El beneficiario del proyecto fue la autoridad portuaria. El proyecto se incluyó en la Decisión de la Comisión Europea de 2004 para recibir apoyo del Fondo de Cohesión. Con la ampliación se preveía sustituir un total de 150 hectáreas de mar por superficie portuaria. En el proyecto participaron un contratista que llevó a cabo las obras de construcción y subcontratistas que suministraron los materiales para dichas obras. A pesar de que el proyecto tuvo su origen en 2005, la construcción comenzó en 2011.

Fondo(s) EIE implicado(s)

Fondo de Cohesión

Tipo de irregularidad

Se detectaron las siguientes irregularidades:

Incumplimiento de las directivas de la UE sobre contratación pública y de la legislación nacional por la que se aplican.
El precio de los materiales suministrados no se correspondía con el precio aprobado inicialmente en el proyecto. Por lo tanto, el coste adicional facturado al beneficiario de la ayuda habría dado lugar a un aumento de las ganancias del contratista.
Las autoridades nacionales no llevaron a cabo controles apropiados del origen, las cantidades o el precio de los materiales facturados por el contratista.

Mecanismo de denuncia

Se sospechó de la existencia de fraude cuando en 2009 un diputado al Parlamento Europeo de un partido político regional presentó una denuncia ante la OLAF. La DG REGIO solicitó por carta la intervención de la OLAF para examinar posibles irregularidades en relación con el proyecto.

Notificación en el IMS

No

Señal(es) de alerta

Los indicadores y las señales de fraude que despertaron la sospecha fueron los siguientes:

Posible inflación de los costes del proyecto y cantidades dudosas, en concreto las cantidades y el precio unitario de los materiales de construcción suministrados para las obras.
Retrasos en el proyecto que dieron lugar a la erosión de la estructura por el agua del mar y que hicieron que el proyecto superara el presupuesto con creces.
La decisión de adquirir los materiales de construcción de una cantera lejana fue un indicio de posibles irregularidades.

Descripción de la pauta de fraude

El importe máximo de los gastos subvencionables se fijó en 450 millones EUR, mientras que el importe máximo de la ayuda del Fondo de Cohesión se estableció en 247 millones EUR (el 55 % de los gastos subvencionables).

Las irregularidades y el fraude cometidos ocurrieron tanto en la fase de licitación y adjudicación del proyecto como en la posterior ejecución del contrato. Se sospechó que el presupuesto para la compra de los materiales de construcción era fraudulento, debido a que parte de los materiales habían sido obtenidos por un contratista sin la realización de pago alguno. Además, no había sido posible determinar la cantidad de material necesario. También surgieron sospechas de inflación en el precio de los materiales de construcción.

En el marco de este proyecto se cometió fraude por las siguientes vías:

Realización de declaraciones falsas en los documentos justificativos en lo relativo al origen, la cantidad y el precio de los materiales suministrados para las obras. Acusación al beneficiario de haber conspirado para el uso inadecuado de fondos públicos con la empresa de construcción a la que se adjudicó el contrato durante la fase de contratación. Los licitadores ganadores actuaron de manera engañosa al determinar el valor de los materiales de construcción (sobrevaloración de los materiales utilizados) y habrían necesitado simular los gastos.
Los certificados laborales emitidos y aprobados por el beneficiario no correspondían a la realidad de las obras llevadas a cabo.
Falta de control en la supervisión de las obras (asistencia técnica para la gestión y la ejecución de las obras).

Cómo se detectó el fraude

Se llevaron a cabo controles in situ de varias partes interesadas clave, entre las que se incluyeron el beneficiario, el contratista de las obras y los subcontratistas, incluidos los proveedores de los materiales utilizados y las empresas encargadas de transportar los materiales. La OLAF llevó a cabo su investigación a través de un análisis de todos los documentos relacionados con la adjudicación del proyecto y con su posterior ejecución. La Unidad de Análisis Operativo e Informática Forense de la OLAF realizó una serie de exámenes junto con la autoridad de gestión nacional.

La documentación fue facilitada a los investigadores por la autoridad de gestión nacional y recopilada durante los numerosos controles in situ llevados a cabo respecto del beneficiario, el contratista, los proveedores de los materiales y sus empresas de transporte.

La investigación de la OLAF duró tres años y medio. Debido a la gravedad de las irregularidades detectadas, la OLAF pidió a las autoridades nacionales que cancelaran todas las cantidades declaradas subvencionables
por el beneficiario (la autoridad portuaria), que ascendían a un total de 530 millones EUR, y que recuperaran el importe total ya abonado por el Fondo de Cohesión (198 millones EUR). La OLAF solicitó a la DG REGIO que bloqueara el pago final de la ayuda pendiente (49,5 millones EUR). La OLAF pidió a las autoridades judiciales nacionales que verificaran si los hechos podían constituir un fraude que afectara al presupuesto de la UE con arreglo a lo previsto en el Código Penal nacional.

En cuanto al procedimiento judicial ante el Tribunal Central Nacional, cuatro años después de que concluyera la investigación de la OLAF había un recurso pendiente contra la «orden» del juez de instrucción. El recurso pendiente contra la orden del juez de instrucción se resolvió cuando la Sala de lo Penal concluyó que existían «pruebas suficientes» para ir a juicio. Sin embargo, actualmente, no hay condenados en este proceso ni se ha recuperado la ayuda abonada al beneficiario. La DG REGIO suspendió el pago final de la ayuda pendiente (49,5 millones EUR). Las medidas de seguimiento que sustituyeron a este caso de fraude siguen en curso.

Dificultades encontradas

Este caso de fraude es un ejemplo de falta de cooperación con la OLAF. En el transcurso de la investigación se denegó el acceso de los funcionarios de la OLAF a los registros de auditoría y a los documentos fiscales del contratista encargado de la ejecución de las obras. Esta negativa redujo la capacidad de la OLAF para analizar aspectos específicos de la contabilidad del proyecto. A los investigadores les resultó imposible determinar la cantidad exacta de materiales utilizada durante la construcción ni su conformidad con las especificaciones técnicas.

Deficiencias detectadas

El hecho de que el presupuesto inicial no tuviera en cuenta los impedimentos para obtener las materias primas, y que por consiguiente infravalorara este aspecto del proyecto, constituye un incumplimiento por parte de la autoridad portuaria y plantea la cuestión de si debería hacerse más para garantizar que los beneficiarios presupuesten sus proyectos correctamente antes de recibir dotaciones del Fondo de Cohesión. Por tanto, se produjeron deficiencias graves que afectaron a los sistemas de gestión y control, y estos sistemas resultaron insuficientes para garantizar la legalidad, la regularidad y la subvencionabilidad de los costes para los que se había solicitado cofinanciación del Fondo de Cohesión.

26 DE MARZO DE 2021

Transational fraud and off shore companies ES