Construcción de una instalación portuaria

El importe máximo de los gastos subvencionables se fijó en 450 millones EUR, mientras que el importe máximo de la ayuda del Fondo de Cohesión se estableció en 247 millones EUR (el 55 % de los gastos subvencionables).

Las irregularidades y el fraude cometidos ocurrieron tanto en la fase de licitación y adjudicación del proyecto como en la posterior ejecución del contrato. Se sospechó que el presupuesto para la compra de los materiales de construcción era fraudulento, debido a que parte de los materiales habían sido obtenidos por un contratista sin la realización de pago alguno. Además, no había sido posible determinar la cantidad de material necesario. También surgieron sospechas de inflación en el precio de los materiales de construcción.

En el marco de este proyecto se cometió fraude por las siguientes vías:

1. Realización de declaraciones falsas en los documentos justificativos en lo relativo al origen, la cantidad y el precio de los materiales suministrados para las obras. Acusación al beneficiario de haber conspirado para el uso inadecuado de fondos públicos con la empresa de construcción a la que se adjudicó el contrato durante la fase de contratación. Los licitadores ganadores actuaron de manera engañosa al determinar el valor de los materiales de construcción (sobrevaloración de los materiales utilizados) y habrían necesitado simular los gastos.
2. Los certificados laborales emitidos y aprobados por el beneficiario no correspondían a la realidad de las obras llevadas a cabo.
3. Falta de control en la supervisión de las obras (asistencia técnica para la gestión y la ejecución de las obras).

Se llevaron a cabo controles in situ de varias partes interesadas clave, entre las que se incluyeron el beneficiario, el contratista de las obras y los subcontratistas, incluidos los proveedores de los materiales utilizados y las empresas encargadas de transportar los materiales. La OLAF llevó a cabo su investigación a través de un análisis de todos los documentos relacionados con la adjudicación del proyecto y con su posterior ejecución. La Unidad de Análisis Operativo e Informática Forense de la OLAF realizó una serie de exámenes junto con la autoridad de gestión nacional.

La documentación fue facilitada a los investigadores por la autoridad de gestión nacional y recopilada durante los numerosos controles in situ llevados a cabo respecto del beneficiario, el contratista, los proveedores de los materiales y sus empresas de transporte.

La investigación de la OLAF duró tres años y medio. Debido a la gravedad de las irregularidades detectadas, la OLAF pidió a las autoridades nacionales que cancelaran todas las cantidades declaradas subvencionables
por el beneficiario (la autoridad portuaria), que ascendían a un total de 530 millones EUR, y que recuperaran el importe total ya abonado por el Fondo de Cohesión (198 millones EUR). La OLAF solicitó a la DG REGIO que bloqueara el pago final de la ayuda pendiente (49,5 millones EUR). La OLAF pidió a las autoridades judiciales nacionales que verificaran si los hechos podían constituir un fraude que afectara al presupuesto de la UE con arreglo a lo previsto en el Código Penal nacional.

En cuanto al procedimiento judicial ante el Tribunal Central Nacional, cuatro años después de que concluyera la investigación de la OLAF había un recurso pendiente contra la «orden» del juez de instrucción. El recurso pendiente contra la orden del juez de instrucción se resolvió cuando la Sala de lo Penal concluyó que existían «pruebas suficientes» para ir a juicio. Sin embargo, actualmente, no hay condenados en este proceso ni se ha recuperado la ayuda abonada al beneficiario. La DG REGIO suspendió el pago final de la ayuda pendiente (49,5 millones EUR). Las medidas de seguimiento que sustituyeron a este caso de fraude siguen en curso.