Colusión para aumentar los precios de compra del equipo

Se sospechó de la existencia de irregularidades tras un procedimiento de licitación en el que el precio del equipo había aumentado de manera drástica. Al evaluar la documentación suministrada, la agencia pública sospechó que los documentos presentados eran fraudulentos.

Después del procedimiento de licitación inicial, el beneficiario afirmó que se había producido un error en la especificación técnica del equipo y que era necesario realizar correcciones. Por este motivo, se llevó a cabo un segundo procedimiento. La agencia pública había sospechado que, en la licitación inicial, el beneficiario había fijado por error el precio en euros en lugar de en la moneda nacional, por lo que este había decidido llevar a cabo un nuevo procedimiento para subsanar el error.

Si bien el adjudicatario del contrato fue el mismo proveedor en ambas licitaciones, en el segundo procedimiento se aumentó el precio del equipo. El equipo resultó 442 000 EUR más caro en la segunda licitación que en la primera. Como resultado del segundo procedimiento de licitación, estaba previsto que aproximadamente el 35 % de los gastos subvencionables (497 997,49 EUR) se adjudicaran al beneficiario.

Las partes implicadas en este caso son el beneficiario de los fondos, el proveedor del equipo y el subcontratista. La agencia pública empezó a sospechar que se trataba de un caso de fraude al recibir una solicitud de pago del beneficiario en diciembre de 2010. La agencia investigó las circunstancias sospechosas y solicitó información adicional al beneficiario, al fabricante del equipo y a la administración tributaria estatal. Se examinó la solicitud de financiación del beneficiario, incluidos los documentos del contrato de compra del equipo. Se concluyó que la documentación proporcionada era fraudulenta. Por lo tanto, en diciembre de 2011, la agencia pública rechazó la solicitud de financiación y envió una solicitud a la policía nacional para que abriera una investigación penal.

 En julio de 2015, el Tribunal Nacional declaró culpables a los tres demandados e impuso sanciones financieras. Con arreglo al Derecho penal nacional, dos de ellos tuvieron que abonar sanciones financieras de 21 600 EUR cada uno, y el tercer demandado, de 10 800 EUR, por un intento de delito y por la comisión de fraude a gran escala o en un grupo organizado. El beneficiario tuvo que pagar una sanción de 18 000 EUR con arreglo al Derecho penal nacional. El fraude no dio lugar a la pérdida de fondos. El importe de 497 997,49 EUR que se preveía facilitar como financiación no llegó a abonarse, puesto que el comportamiento fraudulento se descubrió antes de que se realizara el pago.

Si bien los procedimientos existentes resultaron apropiados para detectar al defraudador a tiempo, como resultado de este caso se detalló en mayor medida el procedimiento de la agencia. Se mejoró y reforzó el sistema de control interno.