Fraude familiar en el sector turístico

Indicadores y señales de fraude que despertaron la sospecha:

• Se presentaron tres propuestas de proyecto casi idénticas para su aprobación.
• Los apellidos de los solicitantes eran los mismos.
• Las solicitudes se presentaron ante la autoridad de gestión el mismo día.
• Se descubrió que los solicitantes eran una madre y sus dos hijos.
• Los tres hoteles compartían una misma entrada.

La autoridad de gestión de un programa de desarrollo rural recibió tres solicitudes de financiación. Se solicitó financiación para los siguientes proyectos:

Solicitante 1: «Construcción de un hotel familiar para turismo rural».

Solicitante 2: «Construcción de un edificio con habitaciones de invitados privadas para turismo rural».

Solicitante 3: «Construcción de una pensión con restaurante para turismo rural».

Se aprobaron los proyectos y se facilitó financiación. Se construyeron los edificios. La autoridad de gestión organizó un control in situ como parte del control ejercido sobre los proyectos y de la realización de pagos intermedios y finales. A través del control in situ se concluyó que los tres edificios se encontraban situados muy próximos entre sí y que compartían la entrada y la zona de recepción, por lo que parecía que se trataba de un solo hotel y no de tres proyectos separados. En los controles in situ se constató que los tres establecimientos compartían los mismos muebles y que además no se utilizaban de conformidad con los objetivos del proyecto. Se descubrió que los solicitantes eran una madre y sus dos hijos. Los defraudadores intentaron de este modo obtener una subvención por encima del importe máximo que podía concederse.

El fraude se detectó a través de controles in situ. La autoridad de gestión puso en marcha una respuesta al fraude. Como resultado de las inspecciones y de las conclusiones consiguientes, la autoridad de gestión decidió que debían recuperarse las subvenciones abonadas y puso en marcha un procedimiento de recuperación mediante el envío de cartas para solicitar la devolución voluntaria.

Los beneficiarios se negaron a pagar la deuda y se puso en marcha un proceso civil.

Durante la época de los programas de preadhesión y del primer período de programación (2007-2013), sobre estos casos decidía un juez de un tribunal ordinario (no administrativo). En el tribunal de primera instancia (tribunal regional), el juez solicitó a la autoridad de gestión que presentara los protocolos de los controles in situ, pero esta no lo hizo (todavía se desconoce el motivo). Como resultado, el juez no aceptó el hecho legal de que se hubieran llevado a cabo los controles in situ y dictaminó a favor de los beneficiarios.

La autoridad de gestión se vio obligada a recurrir la decisión con el fin de proteger los intereses financieros tanto del presupuesto de la UE como del presupuesto nacional. El tribunal de segunda instancia (tribunal de distrito) solicitó la misma documentación a la autoridad de gestión, y una vez más esta no la facilitó. Por lo tanto, se rechazó el recurso.

Puesto que la autoridad de gestión se vio obligada a recurrir de nuevo la decisión, el caso se remitió a la tercera y última instancia (Tribunal Supremo). Al igual que en los dos casos previos, la autoridad de gestión perdió el caso por no facilitar la documentación solicitada. Como resultado, el beneficiario conservó todos los fondos y la autoridad de gestión se vio obligada a pagar las costas del proceso. Los fondos de la UE se devolvieron con cargo al presupuesto nacional (se canceló la deuda después de que transcurrieran dos años y la autoridad de gestión no lograra reembolsar el importe).

Varios años después se inició una investigación, pero el plazo de prescripción ya había concluido. Se concluyó que el objetivo de los beneficiarios había sido eludir el importe máximo de la subvención, de 250 000 EUR, al solicitar un total de 750 000 EUR a través de tres solicitudes distintas con el fin de construir un gran hotel.

Uno de los problemas fue la cantidad de tiempo necesaria para gestionar las irregularidades. Desde la fecha en que se concedió la financiación hasta el cierre de los casos de irregularidad transcurrieron casi diez años. Desde la apertura del caso de irregularidad hasta su cierre transcurrieron siete años y seis meses. Esto significa que, cuando finalmente se pusieron en marcha las investigaciones (una vez cerrados los casos en el Juzgado de lo Civil), ya habían concluido todos los plazos de prescripción.

Una dificultad añadida fue que la autoridad de gestión no presentó

la lista de verificación de los controles in situ durante el procedimiento judicial civil, en el que se concluyó que se había cometido una irregularidad (y un posible fraude). El tribunal se pronunció a favor de los beneficiarios. En la fase de seguimiento, y tomando como base la decisión del tribunal, se cerró el caso alegándose que no se había cometido ninguna irregularidad. El elemento interesante de la investigación fue la cuestión de por qué la autoridad de gestión no había facilitado esta información al tribunal. La investigación sugirió que, o bien el desempeño judicial de la autoridad de gestión era sumamente deficiente, o bien el fraude se había cometido en colaboración con alguien de la propia autoridad de gestión (que era lo más probable).

Existieron numerosas deficiencias que permitieron que se produjera este tipo de comportamiento fraudulento, como por ejemplo las siguientes:

• la falta de procedimientos para los conflictos de intereses: tres solicitantes con el mismo apellido presentaron una solicitud para tres proyectos similares y recibieron la aprobación;

• deficiencias en el sistema: en el marco de las medidas de preadhesión y del primer período de programación (2007-2013) se aplicó el sistema judicial del Derecho civil, lo que generó divergencia de prácticas y confusión;

• problemas de integridad: es probable que este esquema fraudulento se organizara con la ayuda de alguien de la autoridad de gestión.

Como resultado, para los períodos de programación posteriores se identificaron y corrigieron muchos de los problemas detectados, por ejemplo a través de las siguientes vías:

• Nuevas medidas disciplinarias.
• Nuevas normas internas sobre los controles de los solicitantes.
• Nuevas normas para gestionar los conflictos de intereses.
• Introducción de nuevas normas para recurrir las irregularidades y correcciones financieras en la Ley sobre los Fondos EIE, que prevé que todos los procesos judiciales se lleven a cabo ante tribunales administrativos.